El día 26 de septiembre de 2022 ha entrado en vigor la reforma de la ley concursal con el espíritu y la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos.

Las nuevas tecnologías ayudaran a ello, y aparecen con una serie de nuevas herramientas:

• Programa de cálculo automático de plan de pagos.
• Servicio de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en dificultades.
• Web para diagnóstico de salud empresarial.
• Portal de liquidaciones en el Registro Público concursal.

El ámbito de aplicación incluye no solo las solicitudes de concurso presentadas a partir de su entrada en vigor sino también las anteriores en que todavía no haya sido declarado el concurso.

Cabe destacar la recuperación por los juzgados de lo mercantil de la competencia exclusiva en materia concursal con exclusión de los juzgados de primera instancia.

Se elimina el procedimiento abreviado y el concurso consecutivo.

La reforma suprime el convenio anticipado y el acto procesal de la Junta de acreedores.

Como novedad en materia de liquidación se prevé la innecesariedad del plan de liquidación, y se impone la subasta electrónica para la realización de bienes.

La apertura de la sección 6ª pasa a tener carácter general, se apertura con el decreto que pone fin a la fase común con el interés de agilizar la tramitación de la pieza. Se excluye al Ministerio Fiscal de esta sección de calificación y se da mayor protagonismo a los acreedores.

Esta Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación, con excepción del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689, que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y la disposición adicional undécima referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Las principales novedades son:

1.     La reforma de todo el Libro Segundo respecto al derecho preconcursal, sustituyendo los acuerdos de refinanciación, que sólo afectaban a los acreedores financieros, por los planes de reestructuración, que afectarán a todo tipo de acreedor, no sólo al financiero. Asimismo, se suprimen los acuerdos extrajudiciales de pagos por su escasa utilidad práctica. 

2.     Se introduce el mecanismo de prepack concursal, que hasta ahora no estaba recogido en la ley, y que se aplicaba en determinados partidos judiciales, como los de Barcelona, en méritos de las Directrices para la tramitación del pre-pack concursal que los Jueces de lo Mercantil de Barcelona aprobaron en fecha 20 de enero de 2021. 

3.     Se regula un nuevo procedimiento especial para microempresas, en el que, tras aceptarse varias enmiendas en el Congreso, será preceptiva la asistencia del abogado y del procurador. También fruto de la aprobación de varias enmiendas en el Congreso, se ha rebajado el ámbito de aplicación de este nuevo proceso basado en formularios, y se aplicará a sociedades con menos de 10 trabajadores y con volumen de negocio de menos de 750.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros. 

4.     Se reforma el mecanismo de segunda oportunidad, que se restringe enormemente porque se incrementan las barreras de entrada, con mayores prohibiciones, y se introducen mayores protecciones del crédito público. Además, este nuevo régimen se aplicará a los concursos consecutivos de persona física presentados bajo la ley anterior pero que no hayan podido presentar la solicitud de exoneración a la fecha de entrada en vigor. 

5.     Se introduce una nueva regulación de los concursos sin masa, en los que los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un Administrador Concursal. Si el 5% del pasivo solicita AC, el juez dicta auto nombrando AC para que emita informe en un mes, indicando su retribución para el informe, que deberán pagar los acreedores que han solicitado su nombramiento.

6. Se refuerza la intervención de los acreedores en la sección de calificación, que ahora se abrirá siempre.

Según el texto publicado, el objetivo de dicha Ley es “detener los desalojos de personas en situación de exclusión residencial y dotar de seguridad en la permanencia en el hogar de las unidades familiares que han afrontado situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual mediante alquileres sociales, ya sea con arrendamientos a precios tasados por parte de grandes tenedores o con realojos por parte de las Administraciones Públicas«.

Veamos a continuación los puntos más destacados:

• Creación de un registro de grandes tenedores de fincas y control de las ofertas de alquiler social obligatorio.
• Los grandes tenedores de vivienda, (Empresas con más de 10 viviendas o particulares con más de 15) están obligados al ofrecimiento de un alquiler social a las personas vulnerables, tengan o no tengan contrato de arrendamiento. Es decir, los conocidos como okupas también podrán optar a dicha ayuda.

• Duración del contrato de alquiler: En el supuesto de que el gran tenedor sea persona física, la duración del contrato de alquiler social es de 5 años. Si es persona jurídica, la duración del contrato será de 7 años, y si se trata de una entidad bancaria o un fondo de inversión, la duración del contrato será de 12 años.

• En el caso de grandes tenedores que no sean entidades bancarias ni fondos d ́inversión (particulares), ni tengan vinculación con éstas, se puede pedir a la Generalitat mediante l ́Agencia d ́Habitatge de Catalunya, que asuma el precio del alquiler a precio de VPO.

• Se contempla la expropiación de las fincas que lleven más de 2 años vacías de forma injustificada.

Quedamos en espera de la respuesta del Tribunal Constitucional.

Se mantiene la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador y ya es posible la constitución de sociedades profesionales mixtas en las que se ejerzan ambas profesiones si bien por socios distintos.

Además, se reduce el máximo que puede percibir un procurador por un mismo asunto (de 300.000 € a 75.000 €) y se establece el plazo de un año para que el gobierno modifique el Real Decreto 1373/2003 que regula los aranceles de los procuradores, modificación que necesariamente deberá conllevar la eliminación de la fijación de importes mínimos a percibir.

Esta reforma se justifica en la necesidad de dar respuesta a las exigencias de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062.

A continuación, podéis consultar la Ley y un primer informe elaborado por el Colegio de Procuradores de Barcelona

Se establecen también los criterios para la celebración de juicios y vistas de manera telemática, así como las consecuencias de la sentencia que ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya referente a la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquiler social.

https://www.ruizcastel.com/wp-content/uploads/2021/03/ACUERDOS-UNIFICACION-CRITERIOS.pdf