Esta modificación se refería fundamentalmente a dos cuestiones:

1. La prohibición de que el sistema de aranceles que rige los derechos de los procuradores fije límites mínimos.
2. La limitación a la cantidad de 75.000 euros la suma arancelaria a cobrar en un mismo asunto, actuación o proceso.

Además, como consecuencia de la desaparición del arancel mínimo, el Real Decreto 307/2022 introducía la obligación de los procuradores de presentar un presupuesto previo a los clientes.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de abril de 2024 considera que se ha omitido por el Gobierno la exigencia legal de realizar un adecuado análisis de impacto económico y declara nulo de pleno derecho el Real Decreto. Literalmente, afirma la Sentencia que, a pesar de tratarse de una norma cuyo objeto consiste precisamente en regular el aspecto fundamental del régimen económico de una profesión, se omite en la memoria de análisi de impacto normativo un análisis detallado y concreto del impacto económico que la norma impugnada pudiera tener sobre el colectivo que ejerce esa profesión.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, la prohibición de la existencia de aranceles mínimos y la necesidad de que la suma global cobrada como derechos de los procuradores no exceda de 75.000 euros son previsiones que se contienen en la Ley 15/2021. Por otra parte, se encuentra en avanzado estado de tramitación un proyecto de Real Decreto que tiene previsto derogar íntegramente el Real Decreto 1373/2003 y aprobar un nuevo arancel con cuantías máximas. Podéis consultar la sentencia completa en el siguiente link.

“La normativa procesal civil en materia de vivienda adolece de una gravísima falta de rigor”

Es una de las conclusiones a las que llegaron el pasado 29 de junio los jueces de primera instancia de Barcelona reunidos en junta sectorial para tratar de unificar criterios e interpretar de forma uniforme la LEY 12/2023, DE 24 DE MAYO, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

Compartimos con vosotros los criterios orientadores que acordaron en dicha reunión que no tienen carácter vinculante, y que se adoptaron con pleno respeto a la independencia de la que gozan todos los miembros del poder judicial, pero que muestran el parecer mayoritario de los titulares de estos órganos, a los efectos de contribuir a reducir la litigiosidad e introducir una mayor seguridad jurídica en las actuaciones judiciales. Y, sobre todo, con el objetivo de dotar de una cierta uniformidad a la tramitación de los procedimientos.

Este documento hace referencia también a la paralización en la presentación de demandas de desahucio debida a la confusión que estas reformas asistemáticas y con defectuosa técnica legislativa han provocado en los operadores jurídicos a la espera que se clarifique la situación.