Nos hacemos eco de una noticia publicada en El País hace unos días, según la cual los tribunales españoles tienen bloqueados una media de 4.000 millones de euros en sus cuentas. Se trata de las cantidades consignadas en las cuentas de consignaciones de los tribunales españoles, como resultado de embargos, fianzas, decomisos del tráfico de drogas o costas entre otros supuestos. La mayor parte de ese dinero queda retenido durante años a la espera de una resolución judicial y, por tanto, queda fuera del circuito económico. El único beneficiario de esta situación es el Estado quien recibe unos 18 millones de euros trimestrales en concepto de intereses bancarios que se ingresan en el Tesoro Público.
Esta situación es en parte consecuencia de la lentitud de nuestro sistema judicial. Una solución largamente reivindicada por el colectivo de Procuradores sería otorgar las competencias relativas a las ejecuciones civiles a los procuradores, tal como se hace en Francia y otros países con los Huissiers de Justice. Estos “oficiales ministeriales” son los responsables de ejecutar las decisiones tomadas por la Justicia y son, por consiguiente, los encargados del cobro. De hecho, están capacitados para realizar el cobro de todo tipo de deudas, ya sean civiles o comerciales (impago de alquiler, de facturas, etc.) sin intervención de abogados, e incluso antes de que exista ningún juicio. Además, son los encargados de la realización de los embargos procedentes, pudiendo solicitar la colaboración de las autoridades cuando ello sea necesario para el buen fin de la actuación.
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Ricard Ruiz López
Soci director. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Procurador dels Tribunals.
